Desde hace unos meses el Gobierno español ha incrementado los impuestos y las tasas que tienen que pagar aquellas personas que instalaron en su día placas fotovoltaicas para producir energía. Es el conocido como “impuesto al sol” y obliga a pagar un 5 % más en la factura de la luz si se tiene una placa solar.
Cobrar por el sol, esa es la nueva apuesta del Gobierno para incrementar los ingresos que producen los impuestos, pero ¿realmente es ético? No solo es una especie de castigo a aquellas personas que han apostado por una energía limpia y renovable invirtiendo en placas y en la fotovoltaica, sino que es completamente inmoral poner un impuesto al sol, que se supone que es de todos.
Si la energía solar se grava con impuestos y se cobra por recibir el sol, ¿qué cabe esperar de lo que nos depara el futuro? Un Gobierno no puede tener la capacidad de decidir lo que vale el sol y lo que debe cobrarnos por ello. Si eso sigue así, dentro de poco tendremos que pagar por el aire que respiramos.
Quitar los paneles
Muchas de las personas que invirtieron en la energía solar se están planteando quitar sus paneles ya que les sale más rentable tirarlos a la basura que seguir produciendo una energía limpia. Además, no solo se paga más, sino que desde 2008 las ayudas y subvenciones para la colocación y el mantenimiento de las energías renovables se ha visto sistemáticamente recortado.
Otros afectados por la nueva ley que controla el sector eléctrico (24/2013), están a la espera de ver qué normas se imponen en el auto abastecimiento. El Gobierno va a regularlo por medio de un Real Decreto que determinará los parámetros de la instalación y de los impuestos.
Más 62.000 afectados
Algunas personas invirtieron en 2007 en “plantaciones” de paneles, y se sienten defraudados porque ya entonces el Gobierno aseguró que se trataba de una inversión segura. Muchos de ellos ahora se sienten engañados ya que la disminución de las ayudas por instalación y la subida de impuestos hace que no sea nada rentable.
Algunas asociaciones están agrupando a los afectados como Anpier, formada por 4.300 productores o la Unef, que tiene también fabricantes. Unef cifró en 920 millones de euros lo que ha dejado de ganar este año el sector. Anpier por su parte ha presentado varios recursos ante la justicia.